Las investigaciones realizadas por las autoridades competentes concluyeron con determinaciones de No Ejercicio de la Acción Penal
Por Miguel Ángel Arritola
Foto Cortesía GLMC
La coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano (GLMC), Sandra Pámanes, presentó formalmente ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado una solicitud para que se deje sin efectos el juicio político contra el gobernador Samuel García.
La legisladora fundamentó su petición en cinco carpetas de investigación de la Fiscalía General de Justicia y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que concluyeron que no existen elementos para proceder penalmente contra el mandatario.
Pámanes explicó que las autoridades ministeriales determinaron el No Ejercicio de la Acción Penal, tras concluir que no existió la supuesta triangulación de recursos ni daño patrimonial a la Hacienda estatal.
La diputada indicó que las investigaciones de las fiscalías no acreditaron la comisión de ningún delito por parte de García, lo que despoja de sustento al expediente legislativo.
“Lo que nosotros estamos solicitando es que esta acción por parte de la Comisión Anticorrupción quede sin efecto”, detalló Pámanes. “La Fiscalía Especializada y también la Fiscalía Estatal han hecho ya una investigación y han dictado el inejercicio de acción penal en cada uno de los hechos denunciados.
Cuestionan omisiones de la Comisión Anticorrupción
La legisladora criticó que la Comisión Anticorrupción del Congreso no haya requerido información a las fiscalías competentes antes de avanzar con el procedimiento
Señaló que la Comisión carece de facultades para realizar investigaciones penales, una atribución que corresponde exclusivamente al Ministerio Público.
Pámanes cuestionó que el juicio se haya admitido tomando como referencia una nota periodística que ya fue desestimada dentro de las investigaciones ministeriales, sin contar con pruebas sólidas adicionales.
Riesgos jurídicos para diputados
La emecista advirtió que insistir en un procedimiento basado en hechos ya resueltos vulnera principios de seguridad jurídica y el principio non bis in idem (nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho).
El documento entregado por Pámanes advierte que continuar con el juicio político bajo estas condiciones podría incluso generar responsabilidades legales para los integrantes de la Comisión Anticorrupción.