La denuncia formal se sustenta en hechos que podrían constituir el delito de peculado, previsto en el artículo 223 del Código Penal Federal
Por Miguel Ángel Arritola
Foto: Cortesía Morena
Morenistas de Nuevo León, encabezados por la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, Anabel Alcocer, presentaron este martes una denuncia ante la FGR en contra del gobernador Samuel García, Mariana Rodríguez y quienes resulten por posibles delitos derivados de las investigaciones en las que se señala al ejecutivo y su esposa de operaciones de triangulación de recursos públicos del Gobierno del Estado de Nuevo León hacia un despacho jurídico presuntamente vinculado al ejecutivo.
Alcocer destacó que la denuncia formal se sustenta en hechos que podrían constituir el delito de peculado, previsto en el artículo 223 del Código Penal Federal.
Estuvo acompañada por el senador Alejandro Murat, diputadas federales, así como por los diputados locales encabezados por su coordinador Mario Soto, integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, además de liderazgos del partido como la senadora Judith Díaz, el senador Waldo Fernández y Clara Luz Flores.
Durante su posicionamiento, la dirigente estatal señaló que la denuncia se sustenta en información pública difundida, donde se documentan presuntas operaciones de triangulación de recursos públicos del Gobierno del Estado de Nuevo León hacia un despacho jurídico presuntamente vinculado al Gobernador.
De acuerdo con las investigaciones periodísticas, empresas proveedoras del Gobierno estatal habrían recibido recursos públicos y posteriormente realizado transferencias millonarias hacia empresas relacionadas, para finalmente terminar en cuentas vinculadas al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados.
Estas operaciones, según lo publicado, involucran movimientos por decenas de millones de pesos realizados incluso en cuestión de horas.
“Los hechos denunciados son sumamente graves, ya que podrían implicar el desvío de recursos públicos federales y estatales para fines distintos a los autorizados por la ley”, explicó Alcocer.
Recordó que el artículo 223 del Código Penal Federal establece claramente que incurre en peculado el servidor público que distraiga recursos públicos para beneficio propio o de terceros.
Además, destacó que existen elementos suficientes para justificar la competencia federal en este caso, debido a que los recursos podrían provenir de fondos federales y las operaciones financieras descritas incluyen transferencias interestatales e internacionales.
”Como representantes públicos, tenemos la obligación de exigir transparencia, legalidad y rendición de cuentas. No podemos permitir que existan dudas sobre el destino del dinero público, especialmente ante señalamientos tan delicados relacionados con posibles esquemas de triangulación financiera”, expresó Alcocer.
Solicitó a la Fiscalía General de la República realizar una investigación seria, objetiva y exhaustiva, que permita el esclarecimiento de los hechos y, en caso de acreditarse responsabilidades, se actúe conforme a derecho, sin privilegios y sin distinción alguna.