El exhorto fue presentado por la diputada Grecia Benavides quién advierte la preocupación ciudadana por una posible dinámica de nepotismo político impulsada desde el entorno del gobernador
Por Miguel Ángel Arritola
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Porque hay preocupación de prácticas de nepotismo político en favor de Mariana Rodríguez, el Congreso del Estado aprobó un exhorto presentado por la diputada Grecia Benavides en el que se solicita separar a la esposa del gobernador de la oficina AMAR a Nuevo León.
La legisladora de Morena señaló que mientras el Estado enfrenta crisis de movilidad, agua y contaminación, aumenta la percepción de que el Gobierno Estatal está más enfocado en el posicionamiento mediático de la titular de dicha oficina que en resolver los problemas del estado.
Benavides advirtió que, rumbo a futuros procesos electorales, resulta indispensable evitar cualquier utilización del aparato gubernamental para construir ventajas políticas desde el poder.
“Lo que resulta preocupante es que desde el poder público puedan utilizarse estructuras gubernamentales, plataformas institucionales o recursos de carácter público para construir condiciones de concentración familiar del poder alrededor de la figura del gobernador del Estado”, expresó la diputada.
Recordó que a nivel nacional se han impulsado reformas y criterios orientados a combatir el nepotismo político y evitar que el poder público pueda utilizarse para construir herencias familiares desde el gobierno.
El exhorto, explicó, no busca restringir derechos políticos ni impedir aspiraciones personales, sino garantizar que exista una separación clara entre el ejercicio del gobierno y cualquier proyecto electoral o sucesorio.
“No se trata de restringir derechos políticos ni de cuestionar la participación pública de ninguna persona. Toda ciudadana y todo ciudadano tiene derecho legítimo a aspirar a un cargo de elección popular”, aseguró Benavides.
La morenista advirtió que esta discusión ocurre en un momento de fuerte desgaste para el Gobierno del Estado.
Señaló que persisten retrasos en obras estratégicas como las líneas del Metro; problemas de movilidad, contaminación e infraestructura hidráulica; afectaciones por inundaciones y falta de agua en distintas zonas.
Además hay insuficiencia de recursos y falta de coordinación institucional para sacar adelante proyectos prioritarios de movilidad y desarrollo regional.
“Mientras tanto, persiste entre la ciudadanía la percepción de que una parte importante del aparato gubernamental y de comunicación del Estado se encuentra más enfocada en el posicionamiento político y mediático del titular del ejecutivo y de su entorno cercano que en resolver los problemas de fondo que enfrenta Nuevo León”, afirmó.
La legisladora también hizo referencia a los señalamientos públicos relacionados con los millonarios gastos en publicidad y promoción en redes sociales del gobernador y de su esposa, Mariana Rodríguez, subrayando que la ciudadanía exige absoluta claridad sobre el origen y utilización de esos recursos.
“Aunque públicamente se ha sostenido que dichos recursos provienen de patrimonio personal, la dimensión de esos montos, el contexto político-electoral en el que se realizan y la estrecha vinculación entre la promoción personal y las plataformas institucionales del gobierno han generado legítimas dudas y suspicacias entre amplios sectores de la ciudadanía”, expresó.
Benavides indicó que precisamente en un contexto de crisis de resultados y desgaste en la confianza pública, resulta indispensable garantizar la imparcialidad institucional del Gobierno del Estado y evitar cualquier utilización de estructuras públicas con fines político-electorales.
Advirtió que cuando las responsabilidades gubernamentales comienzan a confundirse con proyectos políticos o familiares, inevitablemente se debilita la confianza ciudadana en las instituciones.
Nuevo León, añadió, merece instituciones enfocadas en resolver los problemas del estado y no estructuras utilizadas para construir proyectos sucesorios desde el poder.
“La confianza pública en las instituciones depende de que exista una separación clara entre las responsabilidades gubernamentales y cualquier proyecto de carácter electoral”.