PRI, PAN, PRD y Únete Pueblo coincidieron en que esta postura se mantendrá firme hasta que exista un cumplimiento material, verificable y suficiente de las obligaciones financieras
Por Miguel Ángel Arritola
El Congreso de Nuevo León emitió un ultimátum al Gobierno Estatal y advirtió que no iniciará ninguna mesa de trabajo ni negociación para el Paquete Presupuestal 2027 hasta que se liquiden los adeudos pendientes con diversos municipios, los cuales superan los mil cien millones de pesos.
Los coordinadores de los grupos legislativos del PRI, PAN, PRD y el Grupo Independiente Únete Pueblo anunciaron que no asistirán a reuniones con el encargado del Despacho de la Tesorería General ni con funcionarios estatales para analizar el paquete fiscal del próximo año.
“Esta postura se mantendrá firme hasta que exista un cumplimiento material, verificable y suficiente de las obligaciones financieras con las administraciones municipales”, señala el comunicado.
El Legislativo enfatizó que el “diálogo institucional no puede sustituir el cumplimiento de la ley”.
Señaló que la entrega de recursos que pertenecen a los municipios y sus habitantes es una obligación previamente exigible que no debe estar sujeta a negociaciones.
Exigencias de transparencia y legalidad
Ante la falta de ministración oportuna de fondos, participaciones y aportaciones, el Congreso solicitó a la Tesorería General un informe detallado que desglose los adeudos municipio por municipio y fondo por fondo.
Además, se exige el establecimiento de un calendario público y obligatorio para la liquidación total de la deuda.
Otras demandas clave incluyen:
- Transparentar el manejo y destino de los recursos mientras permanecieron en poder del Estado.
- Garantizar que la entrega de los fondos se realice sin condicionamientos políticos de ninguna índole.
- Respetar la autonomía municipal y la libre administración de su hacienda pública.
Impacto en la ciudadanía
El Poder Legislativo advirtió que la retención de estos recursos legales afecta directamente la seguridad, la infraestructura y la prestación de servicios públicos esenciales.
Por ello, las cuatro bancadas hicieron un llamado urgente a la Tesorería para que realice las acciones administrativas necesarias para regularizar los pagos sin mayor demora, subrayando que el retraso debilita la capacidad de respuesta de los municipios frente a las necesidades ciudadanas.