Samara Pérez, vocera de las familias de las víctimas, explicó que se pretende evitar que otros procesos judiciales complejos caigan en el olvido institucional
Por Miguel Ángel Arritola
Foto Martín Fuentes
Justo en el día en que se cumplen 15 años de la tragedia del Casino Royale, Samara Pérez, vocera de las familias de las víctimas, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de ley diseñada para evitar que otros procesos judiciales complejos caigan en el olvido institucional y la incertidumbre que ha marcado su propio caso.
La propuesta, denominada Iniciativa de Ley para la Gestión Institucional y Garantía de Derecho en Macroprocesos Judiciales, busca establecer mecanismos de coordinación en casos que involucran a numerosas víctimas y procesados.
Pérez señaló que la experiencia de década y media de litigio reveló fallas estructurales graves.
“Esta propuesta nace de una realidad que conocemos dolorosamente. Cuando un proceso reúne numerosas víctimas… la falta de coordinación institucional produce contradicciones, pérdida de continuidad y años de incertidumbre”.
La iniciativa propone la creación de criterios automáticospara identificar macroprocesos, planes especiales de gestión, matrices de seguimiento y alertas de inactividad.
Pérez enfatizó que la ley no busca intervenir en las decisiones de jueces o fiscales, sino garantizar que los expedientes no se detengan por negligencia administrativa.
“Pretendemos que ninguna institución pierda de vista a las personas detrás de cada expediente”, afirmó Pérez.
Añadió que la ley busca que “la fragmentación, la incertidumbre y el abandono institucional no se repitan”.
Justicia a cuentagotas
La vocera destacó la urgencia de esta ley al señalar las cifras contradictorias y el nulo avance en las sentencias del caso Casino Royale.
Mientras el Tribunal Superior de Justicia reporta 25 indiciados, la Fiscalía del Estado menciona solo 18.
A 15 años de los hechos, solo existe una sentencia en firme por la causa principal y otra por causas acumuladas.
“Es triste, pero 15 años nos gritan que la justicia no se puede ver muy cerca”, lamentó Pérez, refiriéndose a las complicaciones procesales que incluyeron cambios de jurisdicción entre el ámbito federal y estatal.
Además, denunció que las familias fueron mantenidas en la ignorancia en investigaciones federales bajo el argumento de delincuencia organizada, lo que las dejó en un “estado de indefensión”.
El llamado al Congreso
La iniciativa no se limita a casos penales, sino que pretende beneficiar a víctimas en diversas materias que enfrentan procesos “miles de actuaciones”.
Pérez hizo un llamado directo a los legisladores para que consideren la propuesta.
Señaló que ayudará a que los expedientes no permanezcan paralizados y las familias tengan información clara.
“El llamado es el que siempre hemos hecho, que las personas que cometieron estos actos atroces cumplan con la sociedad… es lo mínimo que esperaría cualquier ciudadano que ha vivido una tragedia”.