La presidenta de la Comisión Anticorrupción en el Congreso dijo que se tomaría esta decisión ante el amago del Gobierno Estatal de no publicar o bloquear el procedimiento para que Nuevo León tenga un paquete fiscal
Por Martín Fuentes
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El eventual incumplimiento del artículo 90 de la Constitución de Nuevo León por parte del gobernador Samuel García podría derivar en un juicio político, informó Armida Serrato.
La diputada priista, también presidenta de la Comisión Anticorrupción, indicó que se tomaría esta decisión ante el amago del Gobierno del Estado de no publicar o bloquear el procedimiento para que Nuevo León tenga Presupuesto este año.
Serrato hizo esta observación en caso de que no se publiquen los decretos una vez superados los vetos a la Ley de Ingresos, Ley de Egresos y Ley de Coordinación Hacendaria.
Dado que se perfila alcanzar la mayoría de votos para sacar adelante el Paquete Fiscal, Serrato explicó que el Ejecutivo no puede realizar un segundo veto, por lo que estaría obligado a publicar los decretos en los siguientes 10 días naturales a su recepción.
De no hacerlo, se daría por aprobado y la presidencia del Congreso volvería a ordenar su publicación dentro de los 10 días hábiles siguientes, de acuerdo al artículo 90 constitucional.
“Lo que pasaría es que este Congreso y una servidora como presidenta de la Comisión Anticorrupción presentaría un juicio político en contra del gobernador Samuel García”, señaló la legisladora.
Negarse a publicar no es una diferencia política, señaló, es una violación constitucional.
“La omisión deliberada de cumplir con esta obligación afecta directamente el funcionamiento de las instituciones democráticas del Estado”, destacó Serrato.
Recordó que esta conducta encuadraría en los supuestos establecidos en los artículos 8 y 9 de la Ley de Juicio Político, particularmente cuando existe una acción u omisión intencional que infringe la Constitución Política del Estado de Nuevo León.
Serrato hizo un llamado al Ejecutivo Estatal a respetar la Constitución para evitar una crisis y garantizar certeza jurídica a Nuevo León.