La legisladora destacó que las personas con discapacidad enfrentan una precariedad económica que hace inaccesible la representación legal privada
En pleno 2025 las personas con discapacidad siguen enfrentando barreras legales para acceder a la justicia por ello la diputada independiente Rocío Montalvo presentó una iniciativa para reformar la Ley de Defensoría Pública.
La propuesta señala garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, eliminando la prohibición de “doble representación” que actualmente les niega el derecho a una defensa legal gratuita cuando son la contraparte en un proceso judicial.
“Cuando (las personas con discapacidad) acuden a la Defensoría Pública y descubren que no pueden ser representados por ser la contraparte, corren el riesgo de quedar completamente indefensos. Esto es discriminación institucionalizada y una violación a sus derechos humanos”, destacó la coordinadora del Grupo Legislativo Únete Pueblo.
La legisladora destacó que las personas con discapacidad enfrentan una precariedad económica que hace inaccesible la representación legal privada.
“Ganan en promedio 34% menos que el resto de la población y enfrentan gastos extraordinarios en terapias, medicamentos y dispositivos de asistencia”, explicó Montalvo. “Para ellas, la Defensoría Pública no es una opción, es muchas veces la única vía para acceder a la justicia”, explicó Montalvo.
La iniciativa reforma el artículo 39 de la Ley de Defensoría Pública para añadir como supuesto excepcional el ser persona con discapacidad, eliminando así la restricción actual que impide al Instituto representar a ambas partes en un conflicto legal cuando una de ellas pertenece a este grupo vulnerable.
“Colectivos de personas con discapacidad en Nuevo León han denunciado públicamente cómo se les cierran las puertas de la Defensoría Pública por este tecnicismo legal.
“Esta reforma busca corregir una injusticia histórica y alinea nuestra legislación con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que México ratificó en 2007”, afirmó la diputada.
Montalvo recordó que el 33.8% de las personas con discapacidad reportan haber sufrido discriminación, frente al 23.7% de la población general.
“Las cifras demuestran que tenemos un sistema que excluye en lugar de incluir. Esta reforma no es un favor, es el cumplimiento de una obligación constitucional y convencional del Estado.
“La justicia no puede ser un lujo para quienes pueden pagarla. Exhorto a todos los grupos legislativos a aprobar esta iniciativa a la brevedad posible y en calidad de urgente, pues así respetaremos la dignidad y devolveremos el acceso a la justicia a miles de nuevoleoneses que hoy están en situación de vulnerabilidad. No podemos fallarles”, dijo.