Presenta iniciativa de Reforma para establecer la obligación legal de crear y aplicar un Plan de Emergencia ante crisis hídricas por sequía o escasez
Con una iniciativa de reforma a la Ley de Agua Potable y Saneamiento, la diputada Rocío Montalvo busca blindar el derecho humano al agua después de la crisis hídrica que vivió la entidad en 2022.
La legisladora independiente, coordinadora del Grupo Legislativo Únete Pueblo, presentó una iniciativa de Reforma para establecer la obligación legal de crear y aplicar un Plan de Emergencia ante crisis hídricas por sequía o escasez.
El objetivo es darle prioridad al abasto para consumo humano y evitar la improvisación que agravó la crisis de 2022 en Nuevo León.
Montalvo busca incorporar a la ley la exigencia de que la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento elabore, apruebe y actualice anualmente un protocolo de acción.
Y que el Gobierno del Estado esté obligado a aplicarlo en situaciones de emergencia hídrica.
“La crisis de 2022 fue dolorosa y miles de familias pasaron meses sin agua mientras algunas industrias mantenían su suministro. Esto demostró que hubo improvisación y que la falta de planes nos cuesta muy caro como sociedad”, expresó Montalvo.
Señaló que la gestión del agua no puede depender de la coyuntura política o de la ocurrencia del momento.
“Necesitamos un candado legal que obligue a planear y a actuar con justicia, poniendo siempre primero a las personas”.
La iniciativa surge tras analizar que, a pesar de que la Constitución Federal y tratados internacionales reconocen el acceso al agua como un derecho humano, la ley estatal no obliga a las autoridades a contar con un plan de emergencia ante sequías.
Esta omisión, señaló la diputada, dejó vulnerable al Estado y fomentó la desigualdad en la distribución del recurso durante la última crisis.
“Muchos ciudadanos hacían filas bajo el sol para llenar una cubeta, mientras que los grandes consumidores industriales no vieron afectado su suministro.
“Eso no es justicia hídrica. Esta reforma busca que, por ley, en una crisis el consumo humano y doméstico sea la prioridad absoluta y que exista un plan claro, conocido y aplicable para garantizarlo, con la menor afectación”, afirmó.
La reforma, detalló Montalvo, se basa en cuatro cambios clave a la Ley:
Define e incorpora en la ley la figura del Plan de Emergencia y Gestión ante Crisis Hídricas, Sequías o Escasez de Agua.
Otorga a la Comisión Estatal de Agua Potable y Saneamiento la obligación de elaborar, aprobar y actualizar anualmente dicho plan, el cual debe incluir protocolos de activación, coordinación y medidas inmediatas de respuesta.
Establece que el Poder Ejecutivo del Estado deberá aplicar el plan aprobado por la Comisión cuando se declare una situación de crisis hídrica.
Reafirma y especifica que, durante una crisis, se deberá garantizar el suministro mínimo indispensable para consumo humano y doméstico por encima de otros usos.
“No estamos buscando una reforma técnica nada más, eso es una respuesta directa al sufrimiento que vivieron las familias de Nuevo León. Es aprender de los errores y blindar nuestro derecho al agua.
“La ley debe ser una garantía de que nunca más se improvisará con un recurso tan vital”, agregó la diputada.
Montalvo recordó que expertos prevén que los fenómenos de sequía serán más frecuentes e intensos debido al cambio climático, y que la demanda de agua crece con la llegada de nuevas inversiones industriales.
“Por eso la planeación es urgente, no podemos esperar a la próxima crisis para actuar. El plan de emergencia debe estar listo con anticipación”, añadió.
Montalvo hizo un llamado a los diputados del Congreso para “aprobar esta reforma con sentido de urgencia y responsabilidad”.
“Se trata de cumplir con un derecho humano fundamental y de proteger a la ciudadanía de la improvisación. El agua es vida, y su gestión debe ser con planificación, transparencia y justicia”.
Una vez aprobado el decreto, las autoridades contarán con un plazo de 60 días para adecuar sus reglamentos y lineamientos a las nuevas disposiciones.