La propuesta surge como respuesta al nuevo modelo legal que establece la elección de jueces y magistrados mediante el voto ciudadano a partir de 2027
Por Miguel Ángel Arritola
Foto: Martín Fuentes
Con el objetivo de fortalecer la confianza en el sistema de justicia y asegurar que quienes ocupen cargos judiciales cuenten con los más altos estándares de preparación, un bloque plural conformado por organizaciones ciudadanas, empresariales y académicas presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial de Nuevo León.
La propuesta surge como respuesta al nuevo modelo legal que establece la elección de jueces y magistrados mediante el voto ciudadano a partir de 2027.
Ante este cambio de paradigma, los promoventes buscan establecer reglas claras y criterios técnicos que eviten que la impartición de justicia se vea comprometida por intereses políticos o de popularidad.
“La justicia no es un concurso de simpatía, nace de la preocupación ciudadana que el cambio fortalezca la justicia y democracia”, afirmó Mauricio de la Garza Garza, presidente del Consejo Cívico, durante la entrega del documento.
Dos pilares para una justicia profesional
La iniciativa ciudadana se sustenta en dos ejes fundamentales diseñados para equilibrar la legitimidad democrática con la competencia profesional.
1. Garantía de perfiles idóneos: Se propone una evaluación técnico-jurídica obligatoria para todos los aspirantes, así como requisitos de ingreso más estrictos.
Además, la propuesta prohíbe el financiamiento público y privado en las campañas judiciales y restringe la intervención de partidos políticos para asegurar la imparcialidad del proceso.
2. Disciplina judicial independiente: Plantea la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con plena autonomía, donde exista una separación clara entre las funciones de investigación, resolución y revisión, evitando así concentraciones de poder que puedan derivar en arbitrariedades.
Para las organizaciones firmantes, una justicia confiable es la piedra angular del Estado de derecho y tiene un impacto directo en la vida cotidiana de las personas.
De la Garza Garza subrayó que la intención es dotar al sistema de reglas que aseguren que el estado cuente con los mejores perfiles posibles.
“La ciudadanía debe tener la certeza de que quien resuelve un asunto familiar, penal o patrimonial es una persona preparada, independiente y comprometida con la ley”, enfatizó el presidente del Consejo Cívico.
El grupo de organizaciones señaló que esta reforma no pretende limitar la participación ciudadana, sino mejorar la calidad de las resoluciones judiciales, reducir los riesgos de corrupción y generar condiciones de estabilidad para el desarrollo económico y social de la entidad.