El diputado de Movimiento Ciudadano Mario Salinas presenta iniciativa para que suban las penas por muerte de animales
Que se incrementan las sanciones por actos de maltrato elevando hasta ocho años de cárcel en caso de muerte de algún animal es solamente uno de los puntos relevantes de la iniciativa presentada por el diputado Mario Salinas y un grupo de ciudadanos.
El legislador de Movimiento Ciudadano ario Alberto Salinas, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el Código Penal del Estado, con el objetivo de fortalecer la protección de los animales domésticos.
La propuesta busca modificar el Tíítulo Vigésimo Séptimo del Código Penal para denominarse “Delitos de Maltrato y Crueldad contra los Animales Domésticos”, y diferenciar de forma clara los conceptos jurídicos de maltrato y crueldad animal, basándose en la reciente jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Entre los puntos más relevantes de la reforma se encuentran:
- Incremento de sanciones para actos de maltrato animal, elevando las penas de prisión hasta 6 años en caso de muerte del animal.
- Tipificación específica de la crueldad animal, con penas que alcanzan hasta 8 años de prisión cuando derive en la muerte del animal.
- Inhabilitación para ejercer labores relacionadas con animales a quienes resulten responsables de estos delitos.
- Reconocimiento de la zoofilia como acto de crueldad animal, con sanciones correspondientes.
- Distinción legal entre maltrato y crueldad, donde esta última implica la intención deliberada de causar daño, dolor o sufrimiento, incluso con fines de placer o beneficio personal.
El legislador destacó que, aunque en México el 69.8% de los hogares tienen mascotas, el país ocupa el primer lugar en América Latina y el tercero a nivel mundial en casos de maltrato animal, con aproximadamente 60 mil muertes de animales por año.
Además, recalcó la urgencia de sanciones ejemplares y efectivas para combatir esta problemática de raíz.
La iniciativa también busca alinear la legislación estatal con los criterios jurídicos nacionales y enfatiza la necesidad de castigar no solo la acción, sino también la intención y el método utilizado, cuando éste agrave el sufrimiento animal.