A fin de que miembros de la familia extensa que tienen bajo custodia a niños, niñas y adolescentes con ausencia parental, puedaN tener acceso a los programas de apoyo gubernamentales, la Diputada de Acción Nacional, Itzel Castillo Almanza presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Desarrollo Social.
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El dictamen fue aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria del miércoles pasado en el Poder Legislativo.
Se trata de reformas de las Fracciones I y Il y adición de una fracción III al Artículo 11 de la mencionada normativa para quedar como sigue:
“A la persona de la familia extensa que tengan bajo su custodia o tutela legal a niñas, niños y adolescentes con ausencia parental. Se entenderá por familia extensa la contemplada en la fracción XVII del artículo 4 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León”.
Las familias extensas o extendidas son quienes tengan bajo su custodia o tutela legal a niñas, niños y adolescentes con ausencia parental.
Itzel Castillo explicó los alcances de su propuesta.
“La Ley de Desarrollo Social del Estado de Nuevo León reconoce diversas poblaciones prioritarias para efectos de la política social, actualmente no contempla de manera expresa a la familia extensiva que ejerce la custodia o tutela legal de niñas, niños y adolescentes en situación de ausencia parental, lo que limita su acceso a programas y apoyos gubernamentales diseñados para atender contextos de vulnerabilidad”, apuntó.
“En ese sentido, la falta de reconocimiento normativo de esta población genera un vacío legal que invisibiliza a las familias cuidadoras y dificulta la implementación de políticas públicas orientadas a fortalecer su capacidad para garantizar el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes bajo su responsabilidad”, detalló la legisladora panista.
La también Presidenta de la actual legislatura, aseguró que el reconocimiento de la familia extendida como población prioritaria no implica la creación automática de nuevos programas sociales, sino la incorporación de un enfoque de atención diferenciada que permita a las autoridades competentes diseñar e implementar acciones conforme a reglas de operación, criterios de elegibilidad y disponibilidad presupuestal.
“La reforma propuesta contribuirá a fortalecer el tejido social, a prevenir la institucionalización de niñas, niños y adolescentes y a garantizar su permanencia en entornos familiares, lo cual resulta congruente con los objetivos de la política de desarrollo social y con la necesidad de proteger el interés superior de la niñez desde un enfoque integral”, puntualizó Itzel Castillo.