La legisladora pide también penas de hasta seis años de cárcel para directores de centros médicos que autoricen procedimientos médico-quirúrgicos realizados por personal sin certificación
Sanciones de dos a seis años de prisión a directores de centros médicos que autoricen procedimientos médico-quirúrgicos realizados por personal sin certificación, es lo que contempla la iniciativa presentada por la diputada priista Gabriela Govea.
Acompañada de su homóloga Armida Serrato y de los otorrinolaringólogos Rafael Moreno, Lilia Ruan y Marcos Antonio Méndez, Govea, presidenta de la Comisión de Salud también propuso ampliar el delito de usurpación de funciones para sancionar a quienes realicen estas prácticas sin contar con un certificado vigente de especialista.
El objetivo, señaló, es proteger la salud y la vida de los ciudadanos ante la proliferación de procedimientos estéticos realizados en condiciones irregulares.
“Nosotros estamos pidiendo que se aumente hasta más de seis años de cárcel a quienes dirigen estos establecimientos que autorizan procedimientos médico-quirúrgicos realizados por personal sin los requisitos establecidos en la Ley General de Salud”, detalló.
En el Código Penal, expresó Govea, no se encontraba ninguna sanción contra el establecimiento como tal.
“Entonces es importante no quitarlos del radar a los establecimientos, a los médicos que se ostentan como especialistas y que no tienen una certificación vigente”, agregó.
Govea señaló que, además, ha proliferado la modalidad de las llamadas “tandas”, que son esquemas de financiamiento informal que ofrecen procedimientos quirúrgicos a bajo costo sin garantías de seguridad ni calidad médica.
“Por tal motivo estoy pidiendo que se impongan sanciones a las personas que reciban dinero de terceros para ofrecer procedimientos estéticos a cargo de médicos sin la debida certificación”.
La iniciativa de reforma contempla modificar la fracción II y III del artículo 229, la fracción II del artículo 255 y la fracción XIII y XIV del artículo 386; y adiciona la fracción IV al artículo 229 y la fracción XV al artículo 386, todos al Código Penal Estatal.
La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED) ha documentado que más del 52% de las cirugías plásticas y estéticas en México son realizadas por personal que no cuenta con la especialidad correspondiente, lo que representa un grave riesgo para los pacientes.
“El Grupo Legislativo del PRI reafirma su compromiso con la salud y la seguridad de las y los nuevoleoneses, cerrando el paso a prácticas irresponsables que ponen en riesgo la vida de la ciudadanía”, afirmó la legisladora tricolor.
Govea también entregó ante la Oficialía de Partes del Congreso un exhorto dirigido al delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en Nuevo León, para que, los hospitales garanticen que la oferta de servicios e insumos cumpla con la normatividad aplicable, prevenga cobros excesivos, cargos no informados y prácticas que vulneren los derechos de los consumidores.