El 31 de marzo venció el plazo venció el plazo legal de 90 días para que un encargado de Despacho pueda ejercer la función, por lo que solicitó la intervención de la autoridad federal
Por Miguel Ángel Arritola
Foto y video Cortesía GLPRI
La diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Armida Serrato Flores, presentó un oficio ante la delegación de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) para alertar al Gobierno Federal sobre el riesgo que implica el envío de participaciones federales a Nuevo León sin que la entidad cuente con un Secretario de Finanzas y Tesorero General legítimamente nombrado.
El documento, dirigido a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, advierte sobre la “delicada situación” que podría afectar las operaciones financieras y el control interno del gobierno estatal, luego de que concluyeran los 90 días constitucionales que permitían a Ulises Carlín de la Fuente mantenerse como encargado del despacho.
En su escrito, la legisladora subrayó la urgencia de atender el caso ante la inminente llegada de recursos federales.
“En el marco de las participaciones federales próximas a enviarse al estado de Nuevo León es de poner especial atención, ya que el encargado de despacho de la Secretaria de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León nombrado por gobernador, no se encuentra legitimado para la administración de dichos recursos”, expresó la legisladora local.
Serrato Flores enfatizó que esta situación solo podrá regularizarse mediante la intervención del Poder Legislativo local.
“Hasta en tanto el Congreso del Estado apruebe a un Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado conforme al proceso constitucional preceptuado”.
Durante su acercamiento a las oficinas de SEGOB, ubicadas en Cintermex, la diputada priista realizó una relatoría de hechos en la que detalló que el pasado 31 de diciembre de 2025, el entonces titular de la dependencia, Carlos A. Garza Ibarra, presentó su renuncia.
Ante ello, el Gobierno del Estado designó a Ulises Carlín de la Fuente como encargado del Despacho, sin que a la fecha el Ejecutivo local haya sometido al Congreso una propuesta formal para cubrir la titularidad.
La legisladora recordó que el pasado 31 de marzo venció el plazo legal de 90 días para que un encargado de despacho pueda ejercer la función, por lo que solicitó la intervención de la autoridad federal.
En el cierre de su oficio, Serrato Flores dejó abierta la posibilidad de que el Gobierno de México determine las acciones que considere pertinentes.
“Todo lo hasta aquí descrito es señalado para los efectos que se consideren pertinentes por parte del Gobierno de México”.
Hasta el momento, ni el Gobierno del Estado ni el Congreso local han emitido postura sobre la advertencia realizada por la diputada del PRI.