Presentan morenistas Anylú Bendición Hernández y Jesús Elizondo iniciativa para que aspirantes a fiscalías no hayan tenido cargo de elección popular
Si prospera una iniciativa de los morenistas Anylú Bendición Hernández y Jesús Elizondo, quien aspire a ser fiscal en Feminicidios, General, Electoral o Anticorrupción no deberán haber desempeñado un cargo de elección popular al menos tres años antes de su nombramiento.
Esto para garantizar la independencia, imparcialidad y autonomía de la Fiscalía de Feminicidios.
Elizondo explicó que la procuración de justicia exige la máxima autonomía e independencia respecto de intereses políticos o partidistas.
Por eso resulta indispensable que los perfiles seleccionados no estén vinculados a cargos de elección reciente que puedan comprometer la percepción pública de imparcialidad.
“La figura de fiscal de Feminicidios debe ser un garante de los derechos de todas y todos los ciudadanos, no un actor político”, señaló el legislador.
La ciudadanía, detalló, merece confiar en que las investigaciones y procesos penales se conducirán con neutralidad y estricto apego a derecho.
“Destacando que aplicaría una vez haya entrado la reforma para quienes busquen aspirar a este cargo, y una vez vigente la reforma a todos los Fiscales posteriores que se nombren”, señaló Elizondo.
La iniciativa, que reforma el artículo 158 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, establece como nuevo requisito:
No haber ocupado cargo de elección popular, ni haber sido postulado como candidato a cargo de elección popular, ni cargo de titular de una Secretaría de Estado o Subsecretaría, durante los tres años previos al día de su nombramiento.
El diputado morenista destacó que varias entidades federativas como Chihuahua, Querétaro y Coahuila ya contemplan disposiciones similares, alineadas con estándares nacionales e internacionales que recomiendan evitar la politización de los órganos de procuración de justicia.
Elizondo enfatizó que la propuesta cumple con los principios de técnica legislativa y proporcionalidad, respetando los derechos políticos de los ciudadanos, pero priorizando el interés superior de garantizar una justicia autónoma, transparente y confiable.
El diputado exhortó a sus compañeras y compañeros diputados a aprobar esta reforma como un compromiso con la construcción de instituciones fuertes y al servicio del Estado de Derecho en Nuevo León.