Con el objetivo de poner orden en las Asociaciones, Uniones y en la Confederación Ganadera del estado, el diputado de Movimiento Ciudadano, Armando Víctor Gutiérrez Canales, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Organizaciones Ganaderas de Nuevo León
El diputado local propuso adicionar dos fracciones al artículo noveno de la Ley de Organizaciones Ganaderas para que los miembros del Consejo Directivo y de Vigilancia duren en su cargo dos años para el caso de las asociaciones, y tres para las Uniones y la Confederación. Sus nombramientos serán revocables en cualquier tiempo por la Organización Ganadera legalmente constituida en Asamblea General, y solo podrán ser reelectos hasta por un período consecutivo.
Sostuvo que se identificaron que ciertas disposiciones que impactan de manera directa a la estructura y a la renovación de los órganos de gobierno de estas organizaciones sólo están contempladas en el Reglamento de la Ley y no en la propia Ley. Esto ha provocado un vació normativo que puede dar lugar a que se dificulte la aplicación uniforme de los principios democráticos, así como limitar la capacidad de las organizaciones para garantizar la transparencia y el equilibrio en su gestión interna.
Por ello es que su iniciativa buscar elevar a rango de Ley la disposición sobre la estructura interna de las organizaciones ganaderas, estableciendo con claridad los órganos que las componen: Asamblea General; Consejo Directivo; Consejo de Vigilancia, y los demás que, en su caso, señalen sus estatutos, y sobre todo, limitar la posibilidad de reelección de los miembros del Consejo Directivo y del Consejo de Vigilancia, estableciendo criterios específicos sobre la duración de sus cargos y el número de periodos consecutivos en los que pueden ser reelectos.
Armando Gutiérrez aseguró que la limitación de la reelección en los órganos de gobierno permite garantizar la rotación de los liderazgos, evitando la concentración del poder y fomentando la participación de nuevos integrantes. Este principio está alineado con las mejores prácticas democráticas y asegura que las decisiones reflejen de manera más equitativa los intereses de todos los miembros de las organizaciones, además de otorgar mayor certeza jurídica a las organizaciones y todos sus integrantes.