Plantea que un familiar o persona de confianza del infractor pueda hacerse cargo de la unidad, evitando los costos adicionales como grúa y resguardo
Por Miguel Ángel Arritola
Fotos Cortesía GLPRI
El coordinador de la bancada del PRI en el Congreso de Nuevo León, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad Sostenible, de Accesibilidad y Seguridad Vial que busca evitar que los vehículos sean enviados obligatoriamente al “corralón” cuando un conductor sea detenido por circular en estado de ebriedad.
La propuesta legislativa plantea que, una vez ejecutada la detención por parte de las autoridades, un familiar o persona de confianza del infractor pueda hacerse cargo de la unidad, evitando los costos adicionales que representa el servicio de grúa y el resguardo en lotes municipales.
El legislador priista señaló que su propuesta no busca relajar la vigilancia, sino eliminar gastos innecesarios para las familias.
“Respaldo los operativos antialcohol porque evitan que una persona alcoholizada siga conduciendo y ponga en riesgo su vida y la de terceros”, expresó.
Sin embargo, Treviño Cantú cuestionó la necesidad del traslado del vehículo una vez que el peligro ha cesado.
“Pero también creo que, una vez que la autoridad logra ese propósito, no existe razón alguna para generar costos adicionales a las familias mediante el arrastre y resguardo del vehículo en el corralón, cuando se puede evitar si hay una persona responsable puede manejarlo seguro”.
Sustento legal y antecedentes
La iniciativa se fundamenta en criterios del Poder Judicial Federal, específicamente en una jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, la cual establece que la retención del vehículo pierde su finalidad preventiva una vez que desaparece el riesgo de la conducción bajo los efectos del alcohol.
Treviño Cantú aclaró que esta medida no exime al conductor de sus responsabilidades legales.
“Estimo pertinente aplicar este criterio en Nuevo León, porque la iniciativa de ninguna manera elimina, ni reduce las sanciones aplicables a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol, ya sea que corresponda multa, arresto u otras medidas; pero se puede evitar el traslado obligatorio del vehículo al corralón porque ya no tendría justificación”, insistió el diputado.
Actualmente, municipios como Apodaca y San Pedro ya contemplan esta práctica en sus reglamentos locales, por lo que la reforma al artículo 68 Bis 1 busca que esta facilidad sea extensiva a todo el estado.
El legislador destacó que el objetivo es dar certeza jurídica a todos los ayuntamientos.
“La iniciativa busca homologar este criterio para que los municipios cuenten con una base legal clara que les permita implementar medidas equilibradas, eficaces y congruentes con los principios de seguridad vial y proporcionalidad administrativa”, añadió.